El autoconsumo se ve reforzado en el nuevo plan de gestión energética aprobado por el Gobierno de España

En un contexto socio-político en el que los 27 países miembros de la Unión Europea han acordado reducir voluntariamente su consumo de gas, el Consejo de Ministros aprobó ayer, 1 de agosto de 2022, mediante real decreto-ley un Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización.

Esta medida busca minimizar el impacto económico y social de un eventual corte de suministro de gas ruso. Además de diseñar un plan que afectará directamente al consumo energético en edificios administrativos, comerciales y de pública concurrencia, el documento también impulsa la electrificación de la economía, al agilizar las tramitaciones de las redes e infraestructuras, y potenciar a su vez el almacenamiento y el autoconsumo. Del mismo modo, el plan promueve la sustitución de gas natural por gases renovables, al facilitar su inyección en la red de gasoductos.

Fomento del autoconsumo

La norma aprobada por el Consejo de Ministros incluye diferentes medidas para sustituir los combustibles fósiles por renovables, de cara a limitar la dependencia energética de ese tipo de fuentes. Entre ellas destacan:

• Aceleración de las tramitaciones de las redes eléctricas. Los requisitos para la instalación y ejecución de redes disminuyen, especialmente en infraestructuras de transporte y otras singulares.
• Impulso al almacenamiento energético. Se habilita su incorporación al parque de renovables históricas con una retribución específica (22 GW en eólicas, y 8 GW en fotovoltaicas).
• Flexibilidad en autoconsumo. Se aceptará el cambio de modalidad, entre autoconsumo con o sin excedentes, cada cuatro meses. Además, se establece un nuevo mecanismo en el caso de que una nueva instalación con derecho a compensación de excedentes tarde más de 2 meses en regularizarse.
• Apoyo a la producción de gases renovables. Se habilita un procedimiento administrativo para que instalaciones para la producción de biogás, biometano o hidrógeno se puedan conectar a la red de gasoductos, y así reducir el consumo de gas de origen fósil.

Con ello, las administraciones públicas demuestran su apoyo a la transición energética, como una herramienta útil para el ahorro y el consumo responsable, desde el respeto medioambiental y con la mirada puesta en el crecimiento económico y el bienestar social.